"Este Gobierno prohíbe a Sherlock Holmes" es un texto elaborado por el escritor español Javier Marías para el suplemento El País Semanal, publicado el pasado 30 de junio, que me gustaría compartir.
" En medio de los sucesos alarmantes o catastróficos con que desayunamos todos los días desde hace mucho, hay noticias comparativamente menores que a pocos preocupan y de las que la prensa informa durante una o dos fechas y luego, como es lógico, las abandona. Apenas suscitan reacciones, los articulistas andan demasiado ocupados con las cosas graves y los políticos de la oposición en permanente Babia, y así nuestro autoritario Gobierno toma una medida o crea una nueva ley abusiva e intolerable sin que casi nadie proteste y no muchos se enteren. Los que se enteran se olvidan pronto y todo sigue su curso hacia un Estado en teoría democrático pero que cada vez se parece más a una dictadura.
El carácter democrático de un Ejecutivo, lo he repetido hasta la saciedad, no se lo confiere sólo la forma en que fue elegido –que es el mínimo exigible–, sino el modo en que ejerce su poder a diario. Si la mayoría absolutísima del PP decidiera poner a la venta los cuadros del Museo del Prado, o reformar la Constitución a su antojo, o disolver el Parlamento, o militarizar a los jueces, o –lo que ya ha hecho– permitir la construcción de monstruos urbanos a veinte metros de la orilla del mar, estaría atentando contra el patrimonio y los intereses del país – aquellos que están por encima de cualquier Gobierno– y obrando de manera ilegítima, por facultado que estuviera legalmente para actuar así.
Y conviene prestar gran
atención a las noticias menores, síntomas del mal mortal. Siempre pongo
el ejemplo de lo que contó Stefan Zweig: una de las primeras decisiones
nazis contra los judíos fue prohibirles tomar asiento en los bancos de
los parques. Bueno, se dirían muchos alemanes, no es gran cosa ni clama
al cielo, sin tal vez pararse a pensar en lo arbitrario e injusto de
disposición semejante. Después vino lo que vino. Hace unos meses señalé
aquí una de esas noticias de eco escaso: la privatización o
comercialización parcial de nuestros agentes del CNI, a los que se
autoriza a estar en nómina de empresas privadas o públicas, nacionales o
extranjeras; es decir, a no servir al Estado español en exclusiva –como
nuestros soldados y policías–, sino a obedecer también órdenes de una
multinacional de base rusa, saudí, estadounidense o china, una locura
sumamente peligrosa para nosotros. Gente que leyó mi columna se quedó
atónita: “Pero ¿esto es verdad?” “Bueno, yo no me lo he inventado, la
información apareció en el diario”. Sin embargo no he visto que ningún
diputado haya interpelado al Ministro del Interior al respecto, ni
ningún otro artículo escandalizado.
Ahora este Ministro, Fernández
Díaz, desde mi punto de vista –y bajo su apariencia suavona y beata– uno
de los miembros del gabinete que menos entiende en qué consiste la
democracia (y cuenta con rivales muy serios), suelta otra de esas
noticias menores. El anteproyecto de la nueva Ley de Seguridad Privada
estipula que los investigadores deberán firmar un contrato con cada
cliente particular que les haga un encargo, del que inmediatamente tendrán que dar cuenta a la policía. Y no sólo eso, sino que tanto ésta como la Guardia Civil podrán acceder a los informes elaborados por los detectives
a efectos de control e inspección.
Las imposiciones no acaban ahí. Uno
podría pensar: “Bueno, pues que los detectives no escriban informes, que
lo tengan todo en la cabeza o en notas sueltas”. Para evitarlo, la
nueva ley establece que “por cada servicio que les sea contratado, los
detectives privados deberán elaborar un único informe en el que reflejarán el número de registro asignado, los datos
de la persona que encarga y contrata el servicio, el objeto de la
contratación, los medios usados, los resultados, los detectives
intervinientes y las actuaciones realizadas”. Es decir, todo, y se añade que tal dossier
“estará a disposición de las autoridades policiales competentes para su
inspección”. Por último, los detectives estarán obligados a comunicar a
la policía “cualesquiera circunstancias e informaciones relevantes para
la prevención, el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad
ciudadana”. Esto es tan amplio y ambiguo que nada escaparía a su
control.
Ni la dictadura franquista fue tan lejos. Esta ley supone exactamente la desaparición y prohibición de los investigadores privados,
porque ya nada será privado. La policía sabrá al instante si usted
sospecha la infidelidad de su cónyuge, si quiere comprobar la
insolvencia de quien le debe dinero, si indaga sobre sus orígenes o
sobre el niño que le robaron nada más parirlo. La discreción, el
secreto, la reserva, el pudor, la intimidad y la privacidad quedarán
abolidos. De todo tendrán conocimiento inmediato las autoridades, con el
inquisidor Fernández Díaz a la cabeza. El actual Gobierno ha decidido
suprimir esa actividad cuyos representantes más antiguos –al menos con
fama– fueron los investigadores de la Agencia Pinkerton, que ya operaban
en 1850 en Chicago. Si por este Gobierno fuera –tan autoritario que ya
es casi totalitario y policial, le falta poco–, no habrían existido
Sherlock Holmes ni Philip Marlowe ni Sam Spade ni Poirot ni Lew Archer,
por mencionar sólo a clásicos. Todos le habrían soplado a la policía en
seguida las cuitas de sus clientes.
Sin confidencialidad posible, sin
silencio garantizado, sin ética, ¿quién contratará a ningún detective
(el adjetivo “privado” pasará a ser una burla)? Esta ley se limita a prohibirlos, en la práctica. No me digan que no es un derecho más –y bien importante– del que se nos desposee."
